Este lunes publicaron en el Diario Oficial de la Federación la la reforma constitucional de la Ley 3 de 3, la cual impide a los deudores alimentarios, agresores sexuales y a los culpables de violencia de género, ocupen un cargo en el sector público.
Esta reforma entrará en vigor a partir del 30 de mayo de este año.
Esta norma suspende los derechos al tener sentencia firme, por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Además por ser declarados como persona deudora alimentaria morosa, en este caso no podrán registrarse como candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados a un cargo o comisión del sector público.
