El subsecretario de Derechos Humanos, población y migración, Alejandro Encinas leyó la carta que envió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al primer ministro de Israel, Naftali Bennett el pasado 23 de septiembre sobre el caso Ayotzinapa.
A través de la carta, el mandatario mexicano solicitó al primer ministro, atención en el proceso de extradición de Tomás Zerón De Lucio, por las denuncias de tortura y manipulación de evidencia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El funcionario que desde uno de los mas alto niveles del orden federal, operó esta colusión criminal cometiendo entre otros delitos, el de tortura, ha sido imputado por un juez a través de una orden de aprehensión que esta ratificada por la Interpol. El presunto responsable de los hechos aquí descritos, Tomás Zerón De Lucio, huyó hacia Israel desde el 13 de agosto de 2019 y tanto las autoridades de procuración de justicia como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, han trabajado con sus homónimos en Israel para obtener la extradición de dicha persona”
Asimismo, agregó que este proceso de extradición es prioritario para México, pues de esta forma se busca devolver la transparencia y justicia a la vida pública, así como el reconocimiento y la reparación del daño, tanto para las víctimas directas como para centenas de familias mexicanas que exigen justicia.
Lo anterior en el contexto de que Zerón es acusado de secuestrar, torturar, y manipular evidencia en las indagatorias del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además de malversar alrededor de 50 millones de dólares de fondos públicos.
Tomás Zerón era titular de la Agencia de Investigación Criminal cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en uno de los episodios de violencia más intensos de la historia de México.
Zerón formó parte de la investigación que arrojo la conocida “Verdad Histórica” que aseguraba que un grupo criminal asesinó y quemó a los jóvenes, pero sin incluir las relaciones de la policía estatal y militar con el crimen organizado.
En 2019, ya entrada la administración de AMLO, el ex funcionario huyó a Canadá y para septiembre de ese año se dirigió a Israel, un país que no cuenta con un tratado de extradición con México.
De acuerdo con el medio estadounidense, se mantuvo en ese país hasta que su visa venció, pero al concluir su estancia en ese estado solicitó el asilo político “alegando que los cargos contra él son falsos y parte de un intento del presidente actual por ajustar cuentas con su predecesor”.
Fuente: Infobae
