Advierte el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz, que el uso de programas sociales dentro de las campañas políticas es un delito electoral, esto luego de que se denunciara través de las redes sociales, que algunos funcionarios públicos tratan de llevar agua a su molino, con el programa de vacunación contra el coronavirus.
“Lo que debemos de evitar es que a través del ejercicio del cargo, se pueda influir en la voluntad ciudadana, ya sea a través de presión o de dádivas”
Actualmente no hay ninguna queja formal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por esta práctica, sin embargo, en caso de recibir una se investigará a los funcionarios involucrados.
Gerardo Sedano
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