Despilfarro, opacidad y clientelismo caracterizaron primer año de AMLO: Verónica Juárez Piña

La Coordinadora del PRD, Verónica Juárez, acusó que según lo que se desprende de la tercera entrega correspondiente al Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública para 2019, el primer año de gobierno de López Obrador se caracterizó por el despilfarro, la opacidad y el clientelismo.

Precisó que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos e indicó que de manera particular se encontraron anomalías en las dependencias  que operan la mayor parte de los programas sociales que ha puesto en marcha este gobierno.

En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por 4 mil 576.0 millones de pesos, y en la de Bienestar con 3 mil 392 millones de pesos. De manera adicional, indicó la Diputada Federal por Jalisco, el Auditor Superior hace señalamientos importantes sobre la calidad y transparencia de los Principales Programas Sociales, como por ejemplo con relación al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Respecto al Tren Maya, la ASF detectó que en 2019, ni FONATUR ni Fonatur Tren Maya acreditaron contar con un proyecto ejecutivo ni un modelo financiero con el fin de identificar el esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar para el Proyecto Tren Maya. Estas observaciones, agregó, “se suman a las de entregas anteriores donde ya se habían detectado irregularidades en el Sector Salud y en la CFE y Pemex”.

Alertó que, según la ASF, “la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, Estado de México, costará al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, lo que representa un incremento de 231% respecto a lo estimado por el Gobierno federal, y el 25% del incremento de la deuda del país durante el 2020”. El gobierno había considerado una estimación de 100 mil millones de pesos ya que la dependencia consideró sólo la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados.

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