𝐏𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐚
Tetsuya Yamagami, el hombre acusado de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, se declaró culpable este martes durante la apertura de su juicio en el Tribunal de Distrito de Nara.
Con voz firme, el acusado de 45 años admitió los cargos de asesinato y violación a las leyes de armas. “Todo es verdad. No hay ninguna duda al respecto”, declaró ante los jueces y medios presentes.
El crimen, ocurrido el 8 de julio de 2022 durante un mitin electoral en Nara, conmocionó a Japón y puso bajo la lupa los vínculos entre religión y política en un país conocido por sus bajos índices de violencia armada.
De acuerdo con las investigaciones, Yamagami no tenía un conflicto personal con Abe, sino con la Iglesia de la Unificación —antes llamada secta Moon—, a la que culpa por la ruina económica de su familia.
Su madre habría donado cerca de 100 millones de yenes, alrededor de 663 mil dólares, lo que provocó la bancarrota del hogar.
Yamagami explicó que eligió a Abe como blanco por su presunta cercanía con la organización religiosa, a la que el exmandatario habría mostrado apoyo público. Según dijo, su ataque fue un acto simbólico contra esa relación.
Tras su arresto, el acusado fue sometido a una evaluación psiquiátrica de seis meses y fue declarado apto para enfrentar juicio.
El proceso continuará hasta mediados de diciembre, y se prevé que la sentencia se dicte en enero de 2026.
La defensa no niega los hechos, pero busca una condena menor argumentando que Yamagami actuó bajo la influencia del abuso religioso que sufrió su familia. Se espera que su madre declare durante el juicio.
Aunque la pena de muerte es legal en Japón, expertos consideran más probable que el acusado reciba cadena perpetua, ya que el asesinato fue un acto individual.
El asesinato de Abe tuvo consecuencias políticas inmediatas: reveló los lazos entre la Iglesia de la Unificación y miembros del Partido Liberal Democrático (PLD), al que pertenecía el ex primer ministro.
Las revelaciones derivaron en protestas, investigaciones parlamentarias y en una revisión de las leyes que regulan las donaciones religiosas.
El caso también obligó a reforzar la seguridad en eventos políticos y a cuestionar la relación entre líderes públicos y grupos religiosos.
Aunque Yamagami confesó el crimen, su juicio reabre un debate más amplio en la sociedad japonesa: el de los límites entre religión, política y responsabilidad personal.
Para muchos, el acusado no es solo un asesino, sino el reflejo trágico de un conflicto más profundo entre la fe, el poder y la desesperación.
