𝐏𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐚
El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, continúa en paradero desconocido tras ser liberado este primero de diciembre en Estados Unidos, gracias a un indulto otorgado por el presidente Donald Trump, apenas un año después de haber sido condenado a más de 40 años de prisión por narcotráfico.
Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y posteriormente declarado culpable por una corte federal de Nueva York. Además de la sentencia, enfrentaba cinco años de libertad vigilada y una multa millonaria. Sin embargo, una carta dirigida a Trump —en la que destacaba su colaboración durante el primer mandato del republicano— abrió la puerta al perdón presidencial.
El indulto se anunció el 28 de noviembre, coincidiendo con las elecciones hondureñas, donde Trump expresó públicamente su apoyo al candidato conservador Nasry Asfura. La liberación del ex mandatario, sin embargo, ha generado amplio debate, sobre todo porque se desconoce si regresará a Honduras, país donde todavía enfrenta investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros delitos. El Ministerio Público hondureño ha aclarado que el perdón estadounidense no cancela los procesos judiciales locales.
Durante su juicio en Nueva York, fiscales señalaron que Hernández habría utilizado estructuras del Estado para facilitar el tráfico de drogas y financiar campañas políticas con recursos ilícitos. Testigos lo acusaron incluso de haber recibido sobornos de distintas organizaciones criminales y de intentar convertir a Honduras en un “narcoestado”, aunque el ex presidente siempre sostuvo que fue víctima de represalias y que durante su mandato impulsó extradiciones y leyes para combatir el crimen organizado.
Su caso también está ligado al de su hermano, el ex congresista Tony Hernández, condenado en 2019 en Estados Unidos por delitos similares.
La situación ocurre en paralelo con un contexto geopolítico tenso, pues Trump ha endurecido su discurso contra el tráfico de drogas en la región y ha ordenado un despliegue militar sin precedentes en el Caribe.
A la espera de una confirmación oficial sobre su ubicación, el futuro legal y político de Juan Orlando Hernández permanece en incertidumbre.
