A 30 años se la tragedia del 22 de abril de 1992, los afectados que sufrieron alguna discapacidad como Sonia Solórzano, lamentan que el estado se niegue a actualizar un convenio de atención médica y hospitalaria a un grupo de afectados, a los que desde hace seis meses les limitaron la atención.
“Ya sea por secuelas o enfermedades crónicas degenerativas, ya estamos recibiendo del estado acoso, por ser sobrevivientes de un 22 de abril, la atención que informan darnos es simulada, a sobreprecio y no basta eso, también negada bajo el renglón obtenido de lucha social de una atención de calidad integral para todas las víctimas conforme los principios fundamentales de justicia para víctimas de delitos y de abuso de poder”
Aseguran que el fideicomiso de apoyo del que dependen 57 lesionados, quedará este año con solo seis millones de pesos, lo que generaría que el próximo año se acabe el apoyo.
Alejandra Gómez
