𝐏𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐚
El próximo 12 de noviembre, el Poder Judicial de la Federación (PJF) definirá si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, puede acceder a la libertad anticipada, un beneficio contemplado en la ley para personas privadas de su libertad que cumplen criterios como tiempo de condena, buena conducta y ausencia de procesos vigentes.
Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su cómputo penal inició con su detención en abril de 2017, por lo que ha cumplido ya la mayor parte de su condena.
Durante una audiencia reciente, que se extendió por más de ocho horas, la defensa aseguró que Duarte ha cumplido más del 95% de su pena y mantiene buen comportamiento en prisión. Además, destacó:
- El sobreseimiento del caso por desaparición forzada en 2024.
- El cierre de las causas penales pendientes tanto federales como locales.
Con ello, sostiene que el exmandatario cumple las condiciones legales para reintegrarse a la sociedad bajo supervisión.
La Fiscalía General de la República se opuso al beneficio y presentó 12 pruebas en contra, al considerar que existen elementos suficientes para que Duarte continúe en prisión.
La resolución estará a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
El fallo será emitido el miércoles 12 de noviembre a las 10:30 horas, y podría sentar un precedente sobre la aplicación de la libertad anticipada en casos de alto impacto público.
