La iniciativa para elevar a delito el transfeminicidio surgió como respuesta a la alarmante realidad de violencia contra las mujeres trans en México, con el país registrando el segundo mayor índice de casos a nivel mundial.
El caso emblemático de Paola Buenrostro, cuyo asesinato conmocionó a la comunidad en 2016, fue un catalizador importante en esta lucha por la justicia.
Activistas como Kenya Cuevas, amiga de Paola, han liderado incansablemente la búsqueda de justicia, destacando la urgente necesidad de proteger los derechos de las personas trans y combatir la transfobia.
Esta “victoria legislativa” en Nayarit, que establece el transfeminicidio como un delito con una pena máxima de 60 años de cárcel, es un paso crucial hacia la justicia y la igualdad de género en el Estado y a nivel nacional.
Samantha Fonseca
