Mientras el proceso para la vacunación de los ciudadanos contra Covid-19 continúa en México, han surgido las iniciativas por parte de grupos parlamentarios para evitar el influyentismo. La más reciente provino del Partido Acción Nacional, el cual propuso castigar hasta con cuatro años de cárcel a los funcionarios que se aprovechen de su puesto para ser inmunizados.
La propuesta fue motivada por la diputada federal del blanquiazul, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, quien presentó una reforma al artículo 215 del Código Penal Federal e imponer sanciones a quienes se beneficien de su cargo para obtener atención médica, vacunas o insumos.
Además del tiempo en prisión, la propuesta de Gómez Cárdenas también implicaría la destitución del funcionario público y su inhabilitación para desempeñar un cargo público hasta por nueve años. Cabe mencionar que esta propuesta se aplicaría si el servidor público da algún tipo de apoyo de esta índole a familiares o conocidos.
De acuerdo con la legisladora, esta propuesta surgió a partir del periodo de emergencia sanitaria que se vive en el país, en cual ha detectado a funcionarios “que utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados aun cuando las autoridades han expresado claramente que en esta etapa de vacunación únicamente el personal de salud puede tener acceso al antídoto”.
Si bien aceptó que la escasez de vacunas puede ser un factor que promueve la urgencia por romper las normas para acceder a la vacunación, la panista identificó a ese como un factor de peso para reformar el marco legal y proteger a los mexicanos más vulnerables ante la enfermedad.
Fuente: Infobae
